El 12 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum sacó sus tablas en la mañanera: el Congreso de Chihuahua es el sexto más caro del país, con 803 millones de pesos de presupuesto y 24.3 millones por legislador. El dato es real. El problema es para qué lo usó.
Lo usó para justificar su “Plan B” electoral: una reforma que, sin necesitar mayoría calificada, le permite al gobierno federal imponer un tope del 0.70% del presupuesto estatal a los congresos locales. Si se aplica, Chihuahua tendrá que recortar el 21.9% de su presupuesto legislativo. El dinero, dice Sheinbaum, “se queda en el estado para las necesidades de la gente”. Bonita promesa viniendo del gobierno que recortó 51% los fondos federales a Chihuahua, que tiene a Garduño trabajando en la SEP y que gasta en comedores gourmet con Rib Eye y pulpo.
El mecanismo es simple: exhibes a los congresos de estados que no son morenistas como derrochadores, propones una reforma que les corta el presupuesto y la presentas como austeridad republicana. Los 16 estados que tendrán que recortar sus congresos incluyen Chihuahua, Baja California, Jalisco, Ciudad de México y otros. Pero el gobierno federal, que gasta 331 millones en comedores del Poder Judicial y tiene un tren interoceánico que cuesta 24 mil millones al año y mueve 5 mil pasajeros al mes, ese no entra en la lista de austeridad.
Andrea Chávez aplaudió la medida y aprovechó para atacar al PAN chihuahuense. El mismo Plan B que su propio partido usó para aprobar reformas sin mayoría calificada es ahora una herramienta de austeridad. Así funciona la transformación: lo que sirve para el control político se vende como beneficio ciudadano
