¡ESCÁNDALO EN LICONSA! ASF DESTAPA PAGOS A PRODUCTORES FALLECIDOS Y MILLONES ENTREGADOS SIN CUMPLIR REQUISITOS
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa las operaciones de Liconsa en Chihuahua y encontró una serie de irregularidades que abren un enorme signo de interrogación sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la compra de leche.
Entre los hallazgos más delicados aparece un dato que sacude: Liconsa realizó pagos por cientos de miles de pesos a proveedores que ya habían fallecido.
De acuerdo con la revisión de la ASF a la Cuenta Pública 2023, en el Centro de Acopio del Programa de Abasto Social de Chihuahua se identificaron 973.8 mil pesos pagados a un proveedor que, según información del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), había fallecido el 5 de febrero de 2023.
A esto se sumó otro pago por 53.1 mil pesos relacionado con un proveedor que falleció el 4 de marzo de ese mismo año, pese a que los pagos estaban relacionados con adquisiciones de leche durante un periodo posterior.
Pero el problema no termina ahí.
La ASF también detectó que Liconsa pagó 4.53 millones de pesos a distintos proveedores de Chihuahua que habían rebasado el límite máximo de vacas en ordeña establecido para acceder al precio de garantía. Es decir, de acuerdo con la auditoría, esos productores no cumplían con las condiciones para recibir dicho beneficio.
Y aquí es donde el caso comienza a generar todavía más preguntas.
La gerencia estatal de Liconsa en Chihuahua estaba encabezada por Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez, de acuerdo con documentación oficial de Liconsa.
Los hallazgos de la ASF no significan por sí mismos que Gregorio Chávez haya cometido un delito ni que personalmente haya autorizado cada uno de los pagos observados. Sin embargo, sí colocan bajo presión la operación administrativa del organismo durante el periodo revisado y obligan a explicar cómo fue posible que se procesaran pagos vinculados con personas fallecidas y recursos destinados a proveedores que no reunían las condiciones para recibir el precio de garantía.
La propia ASF determinó diversas acciones derivadas de sus hallazgos y señaló 45.1 millones de pesos pendientes de aclarar en el conjunto de irregularidades detectadas en los contratos revisados de Liconsa, además de recomendaciones, promociones de responsabilidad administrativa y pliegos de observaciones.
El escándalo vuelve a poner los reflectores sobre el manejo de los recursos públicos dentro de los organismos vinculados con la llamada 4T.
¿Cómo se permitió que dinero público terminara relacionado con proveedores que ya habían fallecido? ¿Quién revisó los expedientes? ¿Quién autorizó los pagos? ¿Y qué funcionarios tendrán que responder por estas irregularidades?
Son preguntas que ahora deberá responder Liconsa.
Porque cuando se trata de recursos públicos, no basta con decir que hubo errores administrativos: hay que explicar dónde estuvo la falla, quién fue responsable y si el dinero terminó realmente en manos de quienes tenían derecho a recibirlo.
La ASF ya puso el foco rojo.
Ahora toca aclarar qué ocurrió en Liconsa Chihuahua.
