La tragedia del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec continúa cobrando vidas: este 1 de enero el número de víctimas del descarrilamiento aumentó a 14 fallecidos tras el deceso de una mujer de 73 años que estaba hospitalizada por las lesiones sufridas en el accidente ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca.
A pesar de que el gobierno ha prometido apoyos y reparar el daño a las víctimas y familiares, la suma de muertes revela la cruda realidad detrás del proyecto que fue impulsado con grandes discursos de progreso. El Tren, que forma parte del estratégico Corredor Interoceánico diseñado para conectar el Pacífico con el Golfo de México, ha dejado al menos 14 muertos y cerca de 100 heridos en lo que se ha convertido en una de las peores tragedias ferroviarias recientes.
Familiares enfrentan no solo la pérdida de sus seres queridos —entre ellos personas de la tercera edad y pasajeros comunes— sino también la incertidumbre sobre la responsabilidad y las fallas que permitieron que el accidente ocurriera. Las autoridades, incluyendo la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), continúan investigando las causas, mientras que las voces críticas señalan fallas de supervisión, mantenimiento y control en un proyecto que parecía más orientado a la propaganda que a la seguridad real de los pasajeros.
Este nuevo recuento de fallecidos —que supera las estimaciones iniciales— también pone en evidencia que los apoyos ofrecidos por el gobierno, como pagos de 30 mil pesos a familiares y atención médica a heridos, no pueden compensar el impacto humano de una tragedia que deja atrás familias destruidas y comunidades golpeadas.
La cifra de 14 víctimas mortales eleva la urgencia de respuestas claras sobre los responsables y las condiciones en las que opera una obra emblemática que ahora está marcada por un saldo fatal que no puede ocultarse con cifras de inversión o discursos oficiales.
