El escándalo toca fondo en Baja California: la FGR investiga a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, por presuntos nexos con grupos delictivos, señalando vínculos con el CJNG desde al menos 2021. omnia.com.mx
La gobernadora Marina del Pilar aclaró que la carpeta nació en instancias federales —la FEMDO (Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada) y UEITATA— y negó que sea una “cacería de brujas”. Pero esa versión no apaga la alarma: cuando altos funcionarios locales entran en la mira de la FGR, la política ya no basta como escudo.
Caballero respondió que la investigación “es a su favor”, insistiendo en que ha cooperado y que la denuncia fue “anónima”. Pero sus afirmaciones suenan más a defensa de lujo que a evidencia. Mientras tanto, la carpeta por delitos graves avanza.
Este caso revela algo que muchos no se atreven a nombrar: cuando Morena trata de controlar territorios amplios, esos territorios terminan expuestos al poder federal bajo la lógica del “control compartido”. Si una exalcaldesa de Morena puede aparecer señalada por crímenes organizados, ¿qué impide que figuras más cercanas al núcleo sean investigadas?
