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Familia, amigos y contratos millonarios : exhiben esquema de corrupción en el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar

Una nueva investigación periodística volvió a colocar al gobierno municipal de Ciudad Juárez en el centro de la polémica, luego de revelarse que personas cercanas políticamente a Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, recibieron contratos millonarios de obra pública durante la actual administración. 

De acuerdo con la investigación publicada por La Verdad Juárez, dos colaboradores cercanos al diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar habrían acumulado alrededor de 74 millones de pesos en contratos municipales entre 2021 y 2025.

La investigación señala que Irvin Alonso Ruiz Orozco, quien anteriormente trabajó dentro de la Dirección de Obras Públicas del municipio, pasó de desempeñar funciones administrativas a convertirse en proveedor de obras públicas millonarias. Posteriormente, la empresa KIDA, ligada a Kenya Garibay Baca, también comenzó a recibir contratos importantes del gobierno municipal.

Lo que más ha causado indignación entre ciudadanos y sectores políticos es la cercanía de ambos contratistas con el entorno político y personal de Alejandro Pérez Cuéllar. Según la publicación, participaron activamente en campañas políticas, eventos partidistas y convivencias privadas junto al círculo cercano del hermano del alcalde.

Para muchos críticos, este caso vuelve a poner sobre la mesa las acusaciones de favoritismo, tráfico de influencias y uso del poder para beneficiar a grupos cercanos al gobierno municipal. Además, crecen los cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados en la intensa promoción política y mediática que desde hace meses mantiene Cruz Pérez Cuéllar rumbo al proceso electoral de 2027.

En redes sociales, ciudadanos han señalado que mientras se destinan millones de pesos a contratos para personas cercanas al poder, continúan los problemas de infraestructura, inseguridad y abandono en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Aunque el alcalde aseguró que no existe ninguna irregularidad y defendió el derecho de los contratistas a participar en licitaciones públicas, el caso ya generó fuertes críticas y alimentó las versiones sobre una presunta red de corrupción dentro del gobierno municipal.

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