La podredumbre vuelve a rozar a Morena. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que la Fiscalía General de la República investiga a su exesposo por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Aunque la mandataria intentó deslindarse asegurando que se trata de un asunto “personal” y de una relación ya concluida, el caso vuelve a exhibir cómo el crimen organizado sigue orbitando peligrosamente cerca del poder político, particularmente en gobiernos emanados de Morena.
La revelación llega en un contexto de creciente presión internacional y señalamientos constantes sobre la infiltración del narco en estructuras de gobierno locales. Baja California, uno de los estados más golpeados por la violencia, vuelve a quedar en el ojo del huracán, ahora no por balaceras o ejecuciones, sino por los lazos incómodos del poder con el crimen.
Mientras Morena insiste en vender una narrativa de “transformación” y “combate frontal” al narcotráfico, los hechos siguen contando otra historia: investigaciones, sospechas, silencios y deslindes tardíos que alimentan la percepción de impunidad
