En medio de crisis presupuestales, falta de medicamentos, recortes educativos y debates sobre austeridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la compra de vehículos nuevos para ministros, justificando la compra con el argumento de “seguridad”, a pesar de que muchos cuestionan la necesidad real de una inversión de este tipo en un momento económico delicado.
El monto destinado a esta adquisición no ha sido transparentado públicamente en su totalidad, pero fuentes y análisis de presupuesto sugieren que se trata de una inversión considerable en autos de lujo y modelos recientes que no solo implican el precio de compra, sino también mantenimiento y seguros elevados para la nómina ministerial.
Criticadores de esta decisión han señalado que es un símbolo de desconexión con la realidad del país, donde millones enfrentan dificultades económicas, falta de servicios básicos y una inflación que erosiona el salario de la ciudadanía, mientras los más altos jueces del país se renuevan flotas bajo el argumento de seguridad institucional.
La compra ocurre justo cuando se discute la reforma judicial impulsada por el gobierno, la cual ha sido criticada por sus implicaciones en la independencia judicial y el control político del sistema. Para muchos, destinar recursos a vehículos costosos para ministros en lugar de a fortalecer capacidades técnicas o infraestructura judicial es señal de prioridades equivocadas.
Esto ha encendido críticas en redes sociales, círculos académicos y foros de transparencia, donde analistas advierten que este tipo de gastos refuerzan la percepción de privilegios institucionales en una Corte que debería dar ejemplo de austeridad y sensibilidad hacia las necesidades ciudadanas
