Un nuevo y grave descubrimiento sobre el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha encendido otra polémica en México: este servicio de pasajeros operó durante más de un año sin contar con un seguro obligatorio para proteger a los miles de usuarios que viajaban en sus vagones, a pesar de que la ley ferroviaria lo exige y de que el accidente de diciembre pasado dejó al menos 14 muertos y decenas de heridos.
Aunque el tren comenzó a transportar pasajeros desde diciembre de 2023, no fue sino hasta enero de 2025 que se adjudicó un contrato de seguro, y solo de forma temporal y limitada, mientras que durante todo ese primer año casi 70 000 viajeros no tuvieron cobertura legal ante accidentes, muerte, gastos médicos o funerarios.
La adjudicación tardía y la falta de licitaciones claras han generado indignación: el propio proceso de contratación fue declarado desierto en 2025 por no cumplir requisitos técnicos, y solo se optó por un convenio temporal con una aseguradora mientras se reiniciaba un procedimiento para adjudicar una póliza que cumpla con las coberturas exigidas por la ley.
Críticos señalan que esta falta de previsión no solo fue una negligencia administrativa, sino una peligrosa omisión que puso en riesgo la vida de miles de ciudadanos que confiaron en un proyecto que el gobierno promocionó como seguro y moderno. Antes del accidente en Oaxaca, nadie explicó por qué se omitió un requisito elemental para un transporte público de pasajeros.
Así, el caso del Interoceánico se suma al creciente cúmulo de errores, improvisaciones y falta de responsabilidad gubernamental, donde las promesas de grandes obras y megaproyectos quedan por encima de la seguridad y la vida de las personas, con consecuencias trágicas y reclamos crecientes de justicia y explicaciones claras
