Mientras el país enfrenta crisis en seguridad, economía, empleo y servicios públicos, la senadora Andrea Chávez —figura central de Morena— ha acumulado ya 10 asesores en su equipo, pese a que su producción legislativa sigue siendo mínima: apenas una sola iniciativa aprobada en su periodo.
Los asesores —pagados con dinero público— representan una carga para las arcas del Senado y del erario, mientras que la aportación real de su trabajo a la nación se reduce a una sola propuesta aprobada. Ciudadanos y críticos señalan esta disparidad como otro ejemplo de cómo algunos políticos de Morena están más enfocados en asegurar plazas y salarios para sus allegados que en producir leyes que impulsen soluciones reales para la población.
La situación no solo refleja falta de productividad, sino también una lógica de privilegios dentro de la estructura legislativa donde el partido en el poder coloca colaboradores sin que eso, en muchos casos, se traduzca en beneficios concretos para México. En un tiempo donde la ciudadanía exige resultados, esta aparente tranquilidad legislativa —con asesores a la renta y pocas iniciativas— se percibe como indiferencia ante los problemas reales.
Mientras tanto, sectores productivos, comunidades afectadas por inseguridad y familias que luchan por mejores condiciones esperan propuestas, soluciones y trabajo legislativo —no equipos amplios para producir nada. Este contraste profundiza la frustración social con quienes, desde el poder, parecen cobrar por no producir.
