Ciudad Juárez enfrenta cuestionamientos por las deficiencias en la recolección de basura, una problemática que vuelve a poner bajo la lupa las decisiones del ahora coordinador de la Defensa de la Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, particularmente por el millonario contrato plurianual otorgado a una empresa vinculada con un empresario que, según los señalamientos, está bajo investigación por hechos relacionados con el huachicol fiscal.
El asunto no es menor: mientras los juarenses esperan un servicio de recolección eficiente, surgen dudas sobre las condiciones en las que se asignó un contrato millonario que compromete recursos públicos durante varios años. Entre los cuestionamientos está el hecho de que la empresa beneficiada sería de reciente creación y que tiene vínculos con un empresario relacionado con el entorno del exalcalde.
¿Se evaluó suficientemente la capacidad de la empresa para garantizar el servicio o se apostó por un proveedor cuya trayectoria debía revisarse con mayor rigor? Son preguntas que cobran relevancia ante los problemas que enfrenta la ciudad.
Pero la polémica no termina ahí. La situación también revive el recuerdo de las donaciones de camiones recolectores de basura que Cruz Pérez Cuéllar realizó a otros municipios durante su administración en Ciudad Juárez.
Y aquí surge la gran interrogante: ¿por qué destinar unidades a otros municipios mientras la ciudad que gobernaba también necesitaba garantizar un servicio eficiente de recolección de basura?
La decisión de entregar vehículos a otras localidades puede presentarse como un acto de apoyo institucional; sin embargo, también abre el debate sobre las prioridades de una administración que debía responder, en primer lugar, a las necesidades de los habitantes de Ciudad Juárez.
Hoy, con Cruz Pérez Cuéllar proyectándose políticamente a nivel estatal, las decisiones de su gestión municipal vuelven al centro de la discusión. Los juarenses tienen derecho a exigir explicaciones sobre el destino de los recursos públicos, las condiciones de los contratos y los resultados de los servicios que deben recibir.
La polémica pone sobre la mesa dos asuntos que merecen una explicación pública: por un lado, la contratación plurianual de una empresa vinculada con un empresario investigado por presuntos hechos relacionados con el huachicol fiscal; por el otro, la decisión de donar camiones recolectores a otros municipios mientras Ciudad Juárez enfrentaba sus propias necesidades.
¿Se privilegiaron las necesidades de los juarenses o hubo otras prioridades políticas?
Porque si algo debe quedar claro es que los camiones, los contratos y los recursos públicos no son propiedad de ningún gobernante: pertenecen a la ciudadanía y deben utilizarse para garantizar servicios eficientes.
Y mientras los juarenses esperan respuestas, la pregunta sigue en el aire: ¿Cruz Pérez Cuéllar puso primero a Ciudad Juárez o apostó por quedar bien fuera de la frontera?
