¡ESCÁNDALO EN LICONSA CHIHUAHUA! ASF PONE BAJO LA LUPA MÁS DE 45 MILLONES DE PESOS Y SEÑALA PAGOS IRREGULARES
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa el manejo de recursos públicos en Liconsa Chihuahua, organismo encabezado por Gregorio Chávez, hermano de la senadora morenista con licencia Andrea Chávez.
La revisión encendió las alarmas: de acuerdo con los resultados de la auditoría, quedaron más de 45 millones de pesos pendientes de aclarar, es decir, recursos cuyo ejercicio no pudo ser debidamente comprobado ante el órgano fiscalizador.
El dato abre una pregunta incómoda: ¿en qué se gastaron esos millones de pesos?
La falta de documentación suficiente para acreditar el destino de los recursos podría generar procedimientos para determinar responsabilidades administrativas o, dependiendo de lo que arrojen las investigaciones correspondientes, incluso otras responsabilidades.
Pero las observaciones no terminan ahí.
La ASF también detectó pagos por alrededor de 4.5 millones de pesos a supuestos productores lecheros que no cumplían con los requisitos establecidos para recibir esos recursos.
Y uno de los señalamientos más delicados apunta a otro millón de pesos: se identificaron pagos realizados a personas que ya habían fallecido, situación que deberá ser aclarada por las autoridades y por los responsables de la operación del programa.
El caso coloca a Gregorio Chávez en el centro de los cuestionamientos, pues como titular de Liconsa Chihuahua deberá explicar qué ocurrió con los recursos observados y cómo fue posible que se autorizaran pagos que, de acuerdo con la auditoría, presentaban irregularidades.
El escándalo también alcanza políticamente a su hermana, Andrea Chávez, debido al vínculo familiar y a la relevancia que ambos tienen dentro de Morena en Chihuahua.
Por ahora, una observación de la ASF no significa automáticamente que exista un delito ni que Gregorio Chávez sea culpable de desvío de recursos. Sin embargo, los montos observados y las irregularidades detectadas sí pueden derivar en investigaciones y procedimientos para determinar responsabilidades.
Mientras tanto, los millones siguen bajo la lupa y la pregunta queda sobre la mesa:
¿Quién va a responder por los más de 45 millones de pesos que todavía deben ser aclarados?
