Una vez más, el narco le puso el brazo al gobierno y le recordó quién manda en las carreteras de México: cuando las fuerzas federales lanzaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, lejos de calmar los ánimos, se desató un auténtico caos de narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados que paralizaron buena parte del estado y se extendieron a otros territorios.
Desde incendios de camiones y tráileres hasta bloqueos en el Área Metropolitana de Guadalajara, jefes criminales y células armadas respondieron con una violencia que superó cualquier control estatal, obligando a las autoridades a activar el famoso código rojo y suspender transportes públicos para “proteger” a la población.
En varios estados vecinos —como Michoacán, Guanajuato, Colima y Nayarit— se reportaron quemas de negocios, bloqueos carreteros e incluso daños materiales en farmacias y tiendas como reacción a la ofensiva federal.
Lo más inquietante es que esta explosión de violencia se da en medio de una situación de inseguridad estructural: cuando la acción del Estado detona respuesta de grupos criminales como si fueran un verdadero ejército, queda la sensación de que el narco tiene más músculo que el propio Gobierno mexicano.
La narrativa oficial habla de operativos coordinados y mesas de seguridad… pero son los grupos armados los que imponen el terror en las calles. Una vez más, el país se estremece bajo el poder de quienes no respetan fronteras ni autoridades.
