La indignación explotó en Culiacán, Sinaloa, donde cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir justicia por el asesinato del joven Ricardo Mizael, un estudiante de apenas 15 años que fue acribillado tras salir de su casa en motocicleta. Lo que debía ser una vida llena de sueños terminó en tragedia, en un estado donde la violencia parece tener más poder que el propio gobierno.
El clamor ciudadano no tardó en convertirse en una exigencia directa contra el gobernador morenista Rubén Rocha Moya. Entre gritos de “¡Fuera Rocha!” y “¡Queremos paz!”, los manifestantes dejaron claro que la paciencia se agotó y que la población ya no confía en quienes prometieron seguridad pero entregaron miedo e incertidumbre.
La escena fue devastadora: niños, madres y familias enteras marcharon con flores y fotografías del adolescente asesinado, mientras el gobierno observa desde lejos, incapaz de contener la violencia que sigue arrebatando vidas inocentes. La propia fiscalía reconoció que el menor fue víctima colateral de un ataque armado, confirmando el nivel de descontrol que impera en las calles.
Mientras la ciudadanía exige respuestas, el mensaje que queda es brutalmente claro: en Sinaloa, la violencia decide quién vive y quién muere, y el gobierno simplemente llega después a dar explicaciones. La exigencia de renuncia del gobernador refleja una realidad cada vez más evidente: el poder institucional se tambalea frente al dominio de la violencia.
