La llamada “reforma electoral” del gobierno federal podría convertirse en una auténtica guillotina laboral dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), donde hasta el 70% de los empleos estarían en riesgo, especialmente en las juntas locales y distritales.
La propuesta impulsada desde el círculo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende recortar miles de puestos bajo el argumento de “ahorro”, pero lo que realmente deja ver es un rediseño profundo que debilitaría la estructura operativa del árbitro electoral. El plan contempla eliminar o reducir drásticamente áreas clave, desaparecer unidades completas y convertir oficinas permanentes en temporales.
Según el proyecto, el objetivo es ahorrar casi 5 mil 895 millones de pesos, es decir, el 42% del presupuesto asignado, pero el costo real podría ser mucho más alto: menos personal, menos supervisión y menos independencia operativa.
Las juntas distritales, responsables de organizar elecciones en territorio, dejarían de existir de forma permanente y solo operarían en años electorales, lo que muchos ven como un debilitamiento deliberado del sistema electoral.
Además, el plan también contempla reducir el número de consejeros y eliminar áreas estratégicas como educación cívica y coordinación internacional, funciones clave para garantizar procesos transparentes.
Mientras el discurso oficial habla de austeridad, la realidad apunta a una restructuración que podría dejar al árbitro electoral con menos dientes justo cuando más independencia debería tener.
