La promesa de acabar con la corrupción resultó ser solo eso: una promesa. La Auditoría Superior de la Federación destapó presuntas irregularidades por más de 2 mil millones de pesos en Pemex, la empresa insignia del proyecto energético del gobierno de Morena.
Mientras el discurso oficial presume honestidad y transformación, las auditorías revelan pagos inflados, contratos irregulares y dinero público que simplemente no aparece. Más de mil 200 millones de pesos fueron pagados de más, como si el dinero de los mexicanos fuera un cheque en blanco para alimentar la opacidad.
El caso del Campo Quesqui, uno de los proyectos consentidos del gobierno, concentra gran parte del desastre: contratos inflados, recursos sin comprobar y sospechas de corrupción que incluso han cruzado fronteras. Pero en el México de la “transformación”, los escándalos parecen ser parte del modelo operativo.
Lo más indignante no es solo el dinero perdido, sino la impunidad institucionalizada. Pemex tiene 30 días para explicar el destino de los recursos, como si se tratara de un simple trámite administrativo y no de miles de millones de pesos del pueblo.
El gobierno que llegó prometiendo barrer la corrupción terminó administrándola. Hoy, el petróleo sigue siendo el símbolo nacional… pero también el recordatorio de que el saqueo no desapareció, solo cambió de discurso.
