En lo que parece más un trámite administrativo con final predecible que un verdadero proceso democrático, la Cámara de Diputados lanzó la convocatoria para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano encargado —al menos en teoría— de vigilar el uso del dinero público.
El detalle que levanta cejas es que el actual auditor, David Colmenares, podrá competir para reelegirse por otros ocho años más, lo que abre la puerta a que el mismo perfil que ha estado al frente durante años continúe supervisando —o tolerando— el manejo de miles de millones de pesos del gobierno federal.
El proceso se realizará a contrarreloj: apenas 10 días para registros, entrevistas exprés y una terna que será enviada al pleno, donde la mayoría oficialista tiene los números suficientes para inclinar la balanza sin mayores obstáculos.
Aunque se promete “máxima publicidad” y participación académica, la realidad es que la decisión final dependerá de los diputados, es decir, de los mismos actores políticos que deberían ser vigilados por el auditor. Una paradoja digna de manual: los fiscalizados eligiendo a su fiscalizador.
La designación será por ocho años, un periodo lo suficientemente largo como para garantizar estabilidad… o blindaje, dependiendo del cristal con que se mire.
En un país marcado por escándalos de corrupción, la elección del nuevo auditor debería ser un proceso ejemplar. Sin embargo, todo apunta a que será otro capítulo más del ya conocido guion donde el poder se vigila a sí mismo… y se absuelve solo.
