El discurso de la “transformación” vuelve a tambalearse. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, emanado de Morena, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por presunta delincuencia organizada, encubrimiento y uso ilícito del poder, en un señalamiento que golpea directamente al corazón del discurso anticorrupción del oficialismo.
La denuncia, presentada por organizaciones de abogados, acusa al gobernador no solo de fallar en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos, sino de presuntamente obstaculizar investigaciones y permitir el avance del crimen organizado en el estado. En otras palabras, el gobierno que prometió combatir a los criminales ahora enfrenta acusaciones de convivir con ellos.
Entre los señalamientos más delicados destaca su presunta vinculación indirecta con eventos relacionados con el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, así como el incremento brutal de la violencia en Sinaloa, donde se registraron miles de homicidios, secuestros y robos durante su administración.
Pero el escándalo no termina ahí. Los denunciantes también acusan al gobierno estatal de manipular cifras oficiales para maquillar la realidad, en un intento desesperado por sostener una narrativa de control mientras el estado se hunde en la violencia.
Hasta ahora, el gobernador ha guardado silencio. Un silencio que pesa más cuando se trata de acusaciones que apuntan a lo más grave que puede enfrentar un funcionario público: el señalamiento de presuntos vínculos con el crimen organizado.
La pregunta ya no es si la “transformación” llegó. La pregunta es en qué se transformó.
