La reciente publicación que revela cómo el yerno de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno del morenista Adán Augusto López— recibió contratos públicos por más de 50 millones de pesos ha reabierto un debate incómodo sobre las relaciones entre poder político, influencias y la construcción de carreras políticas en nuestro país.
Lo que muchos criticamos hoy no es solo la adjudicación de recursos a una empresa familiar vinculada a un personaje polémico, sino el entramado de intereses que esa situación representa: la cercanía entre actores políticos y empresarios beneficiados por contratos públicos puede convertirse fácilmente en moneda política para impulsar carreras personales, más allá de beneficio social o legalidad.
Esto lleva a una reflexión directa sobre el rumbo que está tomando una de las figuras más visibles de Morena en Chihuahua: Andrea Chávez.
Desde hace meses, su imagen ha estado ligada a polémicas sobre caravanas médicas móviles que recorren el estado de Chihuahua con su nombre y rostro, en un esquema que muchos hemos señalado como una clara campaña anticipada, incluso antes de que se abra formalmente el periodo electoral para la elección de gobernador en 2027.
Si realmente Andrea Chávez aspira a ser gobernadora, ¿está construyendo un proyecto de gobierno basado en políticas públicas legítimas o está consolidando una red de favores con empresarios y perfiles políticos afines a su causa? ¿Qué pasará con los millones invertidos en caravanas médicas si llega al poder: se consolidarán como política de salud pública o se ponderarán como pagos de lealtad a quienes han apoyado su campaña anticipada?
Además, la falta de transparencia sobre el origen real de los recursos para las caravanas medicas, sus giras continuas por todo el Estado de Chihuahua, los apoyos que da en las colonias y la publicidad impresa que se ha visto por los municipios, ha generado cuestionamientos y dudas de quienes están financiando todo esto, cuál es la finalidad o la ganancia para ellos.
Sin duda podemos pensar que de llegar a ganar las elecciones del 2027, dichos “favores” o “apoyos” que le están otorgando van a ser cobrados con intereses y será pagado con dinero de las y los chihuahuenses, esto no está para nada alejado de la realidad, ya que en otros Estados gobernados por MORENA es la forma en que se ha operado.
Lo que hoy luce como “beneficencia política” podría convertirse mañana en una carga financiera para Chihuahua, o peor aún, en un sistema donde los contratos y beneficios se reparten a quienes han empujado la imagen de la candidata a través de estructuras privadas o públicas.
Relacionar este esquema con los contratos públicos que benefician a familiares de personajes como Bermúdez —nombrado por Adán Augusto y con vínculos documentados con redes poco claras— sugiere que algo más que casualidad está ocurriendo dentro de ciertos círculos de MORENA.
Todo esto me deja pensando, pero tengo la seguridad de que las recientes declaraciones de Adán Augusto, en las cuales menciona que la hoy Senadora va a ser la próxima gobernadora de Chihuahua, es más que un simple apoyo moral para Andrea Chávez, y que realmente entre ambos van a hacer hasta lo imposible para que eso sucede, ya que pretenden crear la misma red de tráfico de influencias fundada en Tabasco y de esta manera favorecer con contratos millonarios a sus amigos, familiares y empresarios afines a sus proyectos, pero ahora en el norte del País.
En tiempos en que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser la base de cualquier aspiración de gobierno, el uso de recursos, la relación con empresarios favorecidos por el poder y las alianzas con figuras polémicas deberían ser motivo de discusión abierta, no de silencio. Y mientras eso no ocurra, la percepción de que algunas carreras políticas se construyen más con redes de influencia que con políticas públicas sólidas seguirá alimentando la desconfianza de la ciudadanía.
