Después de que se desató una ola de críticas por la compra de lujosas camionetas blindadas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —cada una con un costo de más de un millón de pesos— los magistrados decidieron meter reversa y anunciar que no las usarán tras la polémica pública.
La compra, que fue justificada inicialmente por la Corte con el argumento de “seguridad institucional” y “cumplimiento de normas internas”, fue duramente cuestionada por ciudadanos y medios, incluso por la propia Claudia Sheinbaum, quien pidió explicaciones sobre el uso de recursos públicos en medio de discursos de austeridad.
Tras varios días de presión, los ministros anunciaron que no usarán las nuevas camionetas blindadas y que se iniciará el proceso para devolverlas o reasignarlas a juzgadores que enfrentan mayores riesgos reales, según el comunicado oficial distribuido por el Máximo Tribunal.
La decisión expone una vez más la incoherencia entre el discurso oficial de austeridad y la práctica real de gasto en privilegios innecesarios para los altos funcionarios, lo que alimenta la percepción de una élite judicial desconectada de las necesidades reales del país y que sólo corrige sus errores cuando la presión pública se vuelve insostenible.
