Una reciente investigación periodística reveló que **exdirectivos del gobierno federal —incluyendo figuras de Presidencia, Pemex y el Servicio de Administración Tributaria (SAT)— están ligados a empresas implicadas en la revenda de petróleo venezolano, un esquema que supuestamente buscaba evadir sanciones internacionales y que hoy golpea la reputación del país.
Las compañías Schlager Business Group (SBG) y Libre Abordo, señaladas por autoridades de Estados Unidos como parte de un entramado para comercializar crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en al menos 30 países, tienen entre sus accionistas a antiguos funcionarios mexicanos.
El acuerdo inicial fue promocionado oficialmente como un “intercambio humanitario” de alimentos por petróleo, pero la operación evolucionó hasta convertirse en una reventa de crudo valorada en cientos de millones de dólares, lo que motivó sanciones del Departamento del Tesoro y atención del FBI.
Entre los implicados están exfuncionarias que ocuparon altos cargos en Presidencia y el SAT, y que, tras dejar el servicio público, participaron accionarialmente en esas empresas vinculadas a la red de reventa de PDVSA. La operación financiera fue diseñada supuestamente para evadir sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y a su empresa petrolera estatal.
Este caso no solo levanta dudas sobre conflictos de interés y uso de influencia política para beneficio privado, sino que también expone cómo redes transnacionales de comercio de petróleo pueden operar mediante figuras cercanas al poder, minando la transparencia del Estado y complicando la posición de México frente a socios internacionales.
