El Senado de la República, dominado por la mayoría de Morena y sus aliados, aprobó cambios polémicos a la iniciativa de reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se elimina la figura de los llamados “jueces sin rostro” como tal y la reemplaza por un resguardo temporal de identidad, mismo que será determinado por el propio Órgano de Administración Judicial y sujeto a criterios ambiguos.
La medida, criticada incluso por organismos civiles y defensores de derechos humanos, pone en riesgo la seguridad y la independencia de los jueces, al obligar a revelar o mantener oculta su identidad bajo criterios discrecionales, en un contexto donde el crimen organizado presiona y amenaza constantemente al sistema de justicia.
Expertos advierten que con estos cambios el gobierno federal está exponiendo a los juzgadores a posibles represalias, intimidación y violencia, lo que podría desalentar a cualquier juez de asumir casos complejos de narcotráfico o delincuencia organizada por temor a las consecuencias personales y familiares.
La propia reforma ha generado división incluso dentro del Senado, con aplazamientos y debates sobre su aplicación, y acusaciones de que la iniciativa busca controlar e influir en el Poder Judicial, debilitando la imparcialidad judicial que se requiere para enfrentar a los grandes cárteles del país.
Este movimiento es visto por críticos como parte de una estrategia más amplia de Morena para moldear el sistema de justicia a su conveniencia, poniendo en peligro tanto a los jueces como al propio Estado de derecho en México
