La diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, volvió al centro de la polémica al obtener una **orden judicial para recibir el 30 % de sus ingresos pese a estar acusada de presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la impunidad política en México.
Las autoridades financieras mexicanas —UIF— bloquearon sus cuentas bancarias tras ser incluida en una lista de personas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por estar supuestamente aliada a líderes de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Mayos.
Aunque la diputada había impugnado legalmente el bloqueo, un juez federal concedió una suspensión provisional para que pueda percibir parte de sus percepciones (30 %) mientras se resuelve si procede o no un amparo definitivo.
Este caso no es aislado: su inclusión en la lista internacional de sanciones de la OFAC implicó que la Unidad de Inteligencia Financiera actuara y congelara sus bienes en México, un movimiento que ha generado fuertes críticas desde diversos sectores por presunta connivencia entre actores políticos de Morena y cárteles del crimen organizado.
Mientras Brown insiste en que desconoce las acusaciones y niega vínculos, el entramado de señalamientos internacionales y la atención de jueces mexicanos han colocado nuevamente en el ojo público a uno de los cuadros más controvertidos del partido gobernante, en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico y la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos nacionales.
