En una jugada que ha generado dudas y polémica, el gobierno federal de la llamada 4T declaró como asunto de seguridad nacional la entrega de gasolina y productos petrolíferos al régimen de Cuba, una medida que críticos consideran un intento de ocultar información, proteger compromisos políticos y blindar acuerdos cuestionados.
La Secretaría de Energía argumentó que el manejo, transporte y operación de los envíos de combustibles se encuadra dentro de actividades que requieren reserva por su impacto en la seguridad del país, aunque no hay una explicación pública clara sobre por qué un convenio comercial con un gobierno extranjero debe ser secreto.
Este giro llega apenas meses después de que se revelaran cifras millonarias de envíos de petróleo a la isla, lo que había desatado críticas en Estados Unidos y en México —incluyendo cuestionamientos sobre transparencia, legalidad y si dichos acuerdos obedecen a intereses políticos más que a razones comerciales legítimas.
Opositores políticos han señalado que catalogar como “seguridad nacional” este tipo de operación parece más un intento de blindar políticamente la relación con gobiernos aliados ideológicamente —como es el caso del régimen cubano— antes que una auténtica necesidad de Estado. También advierten que esta medida abre la puerta a ocultar datos, montos, condiciones y responsabilidades que deberían ser públicos en una república democrática.
La medida, lejos de transparentar, ha alimentado sospechas de que el gobierno está más interesado en proteger pactos ideológicos que en rendir cuentas ante la ciudadanía, reforzando la percepción de opacidad y control informativo que ha caracterizado a la administración en materias de energía y política exterior
