El gobierno de Venezuela, bajo el mando del régimen chavista, ha dado un paso más en su escalada autoritaria al ordenar a la policía arrestar a cualquier persona que apoye o promueva el ataque de Estados Unidos, en medio de la crisis política tras la captura de Nicolás Maduro.
El decreto, publicado tras la detención de Maduro, declara el Estado de Conmoción Exterior y otorga a las fuerzas de seguridad poderes extraordinarios para militarizar sectores estratégicos del país y perseguir a ciudadanos percibidos como disidentes.
Más allá de una simple respuesta legal o política, esta medida se interpreta como una represión directa contra la sociedad venezolana, ya que criminaliza la expresión de opiniones y castiga a quienes disientan o incluso informen sobre la situación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que este tipo de decretos profundizan el ambiente de miedo y control social, y que la orden de arrestar incluso a quienes “apoyen” el ataque externo se usa para intimidar y silenciar a la población en medio de una crisis sin contrapesos efectivos.
Esta acción llega en un momento en que Venezuela ya enfrentaba altos niveles de represión interna, arrestos arbitrarios y un sistema judicial controlado por el propio gobierno, consolidando una vez más la idea de que la seguridad del Estado se ha convertido en excusa para reprimir a su propio pueblo
