La tragedia del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó al menos 13 muertos y 98 heridos, apunta directamente al “clan López Beltrán”, una red de tráfico de influencias y negocios impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de su hijo Gonzalo “Bobby” López Beltrán.
Documentos y audios revelados muestran que la vigilancia y supervisión de la construcción de este megaproyecto fue encargada justamente a Bobby López Beltrán, quien según las grabaciones fue el articulador principal de una red que negociaba contratos y negocios con aliados políticos, entre ellos Amílcar Olán, beneficiando económicamente a “El Clan” mientras se ponían en riesgo vidas humanas.
Lejos de tratarse de un simple accidente fortuito, el episodio expone los riesgos de entregar obras estratégicas a manos de operadores políticos sin la experiencia técnica adecuada, privilegiando intereses de un círculo cercano por encima de la seguridad del pueblo mexicano. Para críticos, la tragedia es el resultado del poder concentrado en favor de una élite que opera con amigos, contratistas afines y familiares, repitiendo patrones de tráfico de influencias ya vistos en otros megaproyectos como el Tren Maya.
Este caso no solo mancha la imagen del proyecto ferroviario sino que pone en evidencia la falta de transparencia y la protección política hacia quienes antes han generado dudas sobre su papel en contratos y adjudicaciones, dejando claro que en México el poder —y sus consecuencias— a veces se quedan entre los mismos colaboradores y allegados del movimiento de Morena.
