Salen a la luz posibles irregularidades en las propias contrataciones del mismo Poder Judicial, lo que demuestra que la crisis de opacidad y favoritismos no es exclusiva de otros poderes, sino que también existe dentro de la estructura que se presenta como “ejemplo de justicia”.
La noticia de que se investigarán posibles contratos irregulares, adjudicaciones discrecionales y privilegios en nombramientos dentro del Poder Judicial resulta aún más irónica cuando se sabe que ese mismo aparato ha sido blanco de campañas políticas para minimizarlo o deslegitimarlo. Ahora resulta que mientras se critica a jueces y magistrados por supuesta corrupción, la institución misma podría tener prácticas poco claras en materia de personal y contrataciones.
La ciudadanía, que observa con creciente desencanto la política mexicana, no puede dejar de señalar la doble moral y el circo mediático: se reclama transparencia en todos lados salvo en casa. Si se va a investigar al Judicial por contrataciones dudosas, la pregunta es obligada: ¿por qué no se investigan también las múltiples contrataciones opacas y asignaciones directas en otros poderes que nadie menciona?
Mientras se lanzan acusaciones desde el Ejecutivo y la mayoría legislativa contra un poder que supuestamente está podrido, sus propias prácticas internas no se salvan del escrutinio. La falta de claridad en contrataciones solo alimenta la percepción de que en México la justicia y la transparencia son discursos, no normas efectivas para todos
