Mientras el gobierno presume avances en la economía y la supuesta “austeridad republicana”, Pemex está mintiendo en las cifras sobre lo que debe a sus proveedores, pues en realidad **acumula adeudos por alrededor de **200 mil millones de pesos que no han sido pagados y que afectan directamente a cientos de empresas y miles de empleos en México.
La empresa más endeudada del mundo —debido en gran parte a decisiones gubernamentales y a la falta de una estrategia clara de producción y venta— intenta minimizar su deuda con contratistas y proveedores, pero la realidad financiera estalla en las cifras: los compromisos de pago superan lo que Pemex reconoce oficialmente, provocando una crisis de confianza y liquidez que golpea a la industria, microempresas y cadenas productivas que dependen de esos ingresos.
Este exceso de deuda ocurre mientras el gobierno federal invierte en propaganda política, publicidad millonaria con logos partidistas y gastos de comunicación que poco reflejan las prioridades económicas del país. Es el clásico patrón: hay dinero para mostrarse en anuncios y narrativa política, pero no hay dinero para pagar a quienes realmente sostienen el tejido productivo nacional.
Proveedores que han cumplido con contratos exigentes se ven obligados a soportar retrasos, recortes, excusas administrativas y evasivas que solo muestran que en Pemex y en el gobierno la palabra de “responsabilidad financiera” es un concepto vacío cuando conviene al poder. La duda ya no es si Pemex debe o no debe: el problema es cómo se administra una empresa pública que debería velar por el bienestar económico del país, no solo por sus intereses propagandísticos y partidistas
