Después de intentar imponer un polémico impuesto del 8% a los videojuegos “violentos” en el Paquete Económico 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum reculó de forma abrupta y anunció que no se aplicará el gravamen porque —según el propio gobierno— es “muy difícil” distinguir qué títulos son violentos y cuáles no.
Lo que en un principio se presentó como una medida para supuestamente combatir la violencia y recaudar recursos, terminó siendo una retirada del terreno fiscal por falta de criterio técnico y coherencia, generando confusión entre gamers, padres de familia y legisladores. El gobierno incluso dijo que en lugar de cobrar impuestos lo que buscará es hacer campañas para “construir la paz” y concientizar a jóvenes sobre el uso de estos juegos, una respuesta que muchos consideran superficial y sin impacto real en la violencia.
Este cambio de postura expone la falta de una política clara y consistente, y pone en evidencia que las decisiones fiscales del gobierno pueden ser más reactivas y simbólicas que resultado de un análisis profundo. Los críticos señalan que una propuesta que parecía castigar a una industria pujante terminó siendo retirada por la misma administración, sin explicar claramente por qué se promovió desde un inicio.
En plena crisis de seguridad, educación y economía, el Ejecutivo distrae con anuncios de impuestos para entretenimiento mientras la violencia y los problemas estructurales siguen sin resolverse. Al final, la promesa del impuesto se desvanece como muchas otras políticas mal planeadas
