Mientras el gobierno de Morena repite a cada rato que vive una “austeridad ejemplar” y que se recortan privilegios y gastos innecesarios, el Senado de la República literalmente incrementó su gasto en alimentos en 40 %, a pesar de discursos oficiales sobre ahorro y control del gasto público.
En plena crisis económica donde millones de familias luchan por llegar a fin de mes y enfrentan inflación en productos básicos, los legisladores decidieron aumentar notablemente el gasto en alimentación, financiado con dinero de todos los mexicanos. La contradicción no pasa desapercibida: mientras se castiga a la población con impuestos, recortes y falta de oportunidades, quienes están en puestos de poder parecen tener derecho a presupuesto holgado para sus propios gastos de representación, incluida la comida.
Las cifras muestran que ese incremento no es un “ajuste técnico”, sino una decisión deliberada que beneficia, una vez más, a los integrantes de la Cámara Alta —principalmente muchos de ellos morenistas— quienes justifican el gasto como parte de su funcionamiento institucional, aunque eso choque frontalmente con la narrativa de austeridad que el gobierno quiere imponer para la ciudadanía.
La población, viendo estas cifras, no puede evitar preguntarse: ¿por qué hay dinero para alimentar a los legisladores con mayor presupuesto, pero no para medicinas, salarios o servicios públicos? La respuesta parece tan simple como dolorosa: las prioridades de quienes gobiernan no coinciden con la realidad de quienes pagan sus sueldos
