Mientras millones de mexicanos sufren por escasez de agua, sequías, crisis en presas y falta de políticas claras para proteger el recurso, el gobierno federal mantiene un esquema en el que la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hoy paga agua a Estados Unidos, cumpliendo obligaciones del Tratado de Aguas Internacionales.
La imagen de El Cuchillo llena no solo es un espejo de contrastes: los mismos recursos que podrían ayudar a resolver la falta de agua en comunidades y regiones productivas se emplean en pagar compromisos administrativos sin que existan soluciones estructurales para la crisis hídrica interna.
Para muchos críticos y ciudadanos afectados, esta política es una prioridad mal puesta: en lugar de privilegiar la gestión del agua para el pueblo y su desarrollo, se antepone una administración que protege compromisos internacionales mientras las familias, granjeros y pequeños productores luchan por acceder a agua potable. Esto alimenta la percepción de que el gobierno está más preocupado por cumplir con acuerdos externos que por atender la escasez que viven las comunidades mexicanas.
En medio de discursos oficiales sobre “gestión sustentable” del agua, las decisiones reales —como pagar agua a EU en este momento de crisis hídrica nacional— demuestran una vez más que las prioridades gubernamentales están desalineadas con las necesidades del pueblo mexicano
