El gobierno presume con cifras y discursos que México ha logrado reducir el huachicol —ese robo masivo y enriquecimiento ilegal a la industria energética— durante el primer año del mandato de Claudia Sheinbaum. Pero las estadísticas no respaldan esa narrativa y, de hecho, muestran que el robo de combustible sigue siendo un problema grave, con miles de piquetes registrados que complican la seguridad y la economía del país.
Según datos oficiales, durante 2025 se contabilizaron 9 520 piquetes de huachicol, una cifra que deja en evidencia que el fenómeno no ha desaparecido ni disminuido de forma significativa, como ha querido vender el gobierno vacío de resultados contundentes. Entre tomas clandestinas, perforaciones ilegales y redes de distribución, la inseguridad energética sigue presente más allá de la propaganda presidencial.
Esto indica una verdad incómoda: el robo de combustible no ha sido erradicado ni mucho menos reducido con eficacia. Los números no mienten, pero el discurso político sí. En lugar de reconocer la dimensión real del huachicol, el Ejecutivo prefiere repetir fórmulas de comunicación que buscan maquillar la realidad y calmar preocupaciones.
Mientras tanto, ciudadanos, transportistas y autoridades locales siguen batallando con carreteras bloqueadas por explosiones de ductos, pérdidas millonarias y mercados negros que operan con impunidad. La presunta “victoria contra el huachicol” resulta ser —en los hechos— otra narrativa inflada sin bases sólidas ante la evidencia numérica
