En pleno proyecto del Tren Maya, el gobierno federal —bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum— expropió una porción de terreno del ejido Yaxché en Yucatán por la ridícula cantidad de 7 mil 363 pesos, una medida que muchos ven como otra muestra de cómo México se encamina a un modelo de control estatal extremo y confiscatorio, típico de sistemas comunistas que priorizan la “utilidad pública” por encima de la propiedad y derechos de las comunidades rurales.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ordena que el ejido ceda 442 m² de tierra a favor de Tren Maya, S.A. de C.V., argumentando causas de “utilidad pública” para obras ferroviarias y de infraestructura, pese a que esa superficie es mínima y que la indemnización es prácticamente simbólica.
Para los críticos, esto no es solo un caso aislado: es parte de una lógica centralizada en la que el Estado decide qué es útil y quién debe ceder su propiedad, sin respetar suficientemente la autonomía y el valor real de los terrenos ejidales. Esa misma lógica ha aparecido en múltiples frentes del gobierno —desde la intervención en contratos, expropiaciones, hasta el uso de empresas estatales sin plena transparencia— forzando decisiones por decreto que recuerdan a regímenes donde la propiedad privada está subordinada al proyecto del Estado.
El Tren Maya, impulsado como un megaproyecto de infraestructura, termina siendo un símbolo de la concentración del poder en manos del Ejecutivo y de cómo se imponen proyectos sobre comunidades sin un verdadero diálogo ni compensación justa. Ese patrón de acción gubernamental —expropiaciones incluidas— alimenta la percepción de que México avanza hacia un modelo donde la libertad económica y de propiedad se diluye bajo el peso de decisiones centralizadas.
