La presidenta Claudia Sheinbaum salió a defender este jueves el polémico envío de petróleo mexicano a Cuba, calificándolo de legal, histórico, humanitario y transparente ante las crecientes críticas nacionales e internacionales.
Sin embargo, detrás del discurso oficial de “soberanía” y “ayuda humanitaria” se esconde una realidad más cruda: el gobierno mantiene exportaciones de hidrocarburos a la isla sin detallar montos, contratos ni mecanismos de control, canalizadas por la filial Gasolinas del Bienestar, un ente que opera con capital público pero no rinde cuentas claras sobre estas transacciones a la ciudadanía.
Mientras Sheinbaum insiste en que todo es transparente y conforme a la Ley, las investigaciones periodísticas han documentado que entre mayo y agosto de este año, México despachó cientos de cargamentos de petróleo y combustibles a Cuba por miles de millones de dólares, cifra que dobló operaciones de los últimos gobiernos y que incluso implicó el uso de embarcaciones sancionadas por Estados Unidos.
La “historia humanitaria” se desdibuja cuando no se puede verificar públicamente ni cuánto se envía, ni cómo se cobra, ni bajo qué condiciones. La propia falta de transparencia real —y las tensiones con Washington— ponen en duda el discurso de que todo se hace “en beneficio del pueblo”. Y mientras tanto, el gobierno presume legalidad y transparencia que no demuestra en los hechos
