Mientras miles de campesinos exigen precios justos por su maíz, el gobierno de Claudia Sheinbaum le entrega contratos millonarios a una empresa de su círculo íntimo.
La empresa Minsa —propiedad de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Ejecutivo— recibió un jugoso contrato de 346 millones de pesos para procesar maíz del programa “Maíz para Todos”.
Mientras tanto, los productores sufren bajos precios por grano y protestan indicándole al gobierno que ese “bienestar” nunca llegó para ellos. Minsa, en cambio, sigue llenando sus bolsillos con dinero público. La cercanía política ahora se convierte en contrato magno —y los campesinos en víctimas de una privatización disfrazada.
Esto no es ayuda al campo —es negocio interno. Y el sector rural paga las consecuencias de un sistema clientelar disfrazado de programa social.
