Este 4 de diciembre, Chihuahua volvió a paralizarse: transportistas y productores bloquearon múltiples puentes internacionales y carreteras claves como Saucillo, Zaragoza-Córdova, Santa Teresa, Tornillo y zonas de Guadalupe —mientras el gobierno aparenta calma. Todo apunta a que el movimiento busca presionar por subsidios, ayudas, agua o servicios agrícolas que la población dice haber esperado en vano.
Lo que muchos ven como una protesta legítima —una “última advertencia” al gobierno— otros lo catalogan como paralización estratégica: afectar puertos, aduanas y tráfico fronterizo para generar urgencia, desabasto y presión económica, en espera de que se ceda a demandas bajo amenaza de caos.
El mensaje de fondo es claro: si no nos escuchan, frenamos al país. Y mientras los ciudadanos comunes pagan los costos —mercancías retenidas, días perdidos, inseguridad en las vialidades—, quienes provocan el bloqueo confían en que sus exigencias serán prioridad.
Mientras tanto, el gobierno actúa por inercia: patrullas, vigilancia, “diálogos abiertos”… pero sin soluciones reales. La protesta se convierte en un pulso de poder: un pulso entre quienes exigen recursos urgentes y un gobierno que parece más pendiente del discurso que de la realidad.
