Tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo en pleno festival público en Uruapan, su viuda, Grecia Quiroz, asume la alcaldía con el claro mensaje de continuar la lucha contra el crimen. Mientras tanto, los gobiernos federal y estatal parecen más ocupados en deslindarse de cualquier responsabilidad que en garantizar justicia. El crimen organizado golpea y los políticos contentos firman decretos en la capital, pero en tierra la gente sigue sin protección.
Quiroz prometió frente al Congreso de Michoacán que “el legado sigue”, mientras los pobladores exigen que el aparato de seguridad que debería haberla protegido actúe. Promesas tardías y pañitos de agua tibia ante un vacío de poder real que ya cobró la vida de funcionarios.
El abandono del estado, la unidad parlamentaria sin cuestionamientos y la urgencia de nombrar una alcaldesa sustituta dibujan un escenario de complicidad silenciosa: el crimen mata mientras los gobiernos miran hacia otro lado.
