Cientos de alumnos de primaria resultaron intoxicados luego de consumir pollo del programa social, un alimento que debía nutrirlos, no enfermarlos. Este episodio es un golpe brutal al discurso de “bienestar para todos” que Morena ha usado como bandera: cuando los programas que prometen vida saludable se convierten en riesgo sanitario, la hypocrisia queda expuesta.
Las escuelas afectadas reportaron vómito, diarrea y malestar general entre niños, lo que terminó en atención médica para muchos. Los padres y maestros exigen que se investigue la cadena de distribución del producto, desde el proveedor hasta el transporte y la entrega escolar.
¿Quién se responsabiliza por este desastre alimentario? Las autoridades que aprobaron esos contratos, las que supervisan los comedores escolares, las que prometen programas seguros y eficientes. El daño no es solo físico: es moral. Cuando el gobierno que dice proteger a la infancia les sirve comida envenenada, deja claro que su prioridad no es el pueblo, sino el mantenimiento de la narrativa.
