El exgobernador César Duarte fue trasladado a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras años de evadir la justicia. En medio de este ejercicio mediático, Morena observa con cautela: proteger sus políticas no es lo mismo que proteger sus antiguos operadores.
Duarte, acusado de múltiples delitos de corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, llega bajo fuerte resguardo. Su traslado implica que el Estado asume un costo político y logístico para presentar al pez gordo que escapó tantos años. Pero también plantea interrogantes: ¿este acto de justicia es real o una jugada política para mostrar acción selectiva?
Que Duarte comparezca ante la FGR le da cobertura nacional al caso, pero no garantiza que las responsabilidades que lo alcanzan llegarán a los más altos niveles del poder. Mientras tanto, el poder morenista observa, espera y esquiva rendir cuentas por sus propios escándalos.
