Claudia Sheinbaum salió al frente para justificar las expropiaciones implementadas por Layda Sansores en Campeche, acusando que los terrenos expropiados —alrededor de familiares y cercanos a “Alito” Moreno— fueron adquiridos mediante lavado de dinero y corrupción. (“Son propiedades adquiridas con lavado de dinero”, declaró en la mañanera). laparadoja.com.mx
Según la presidenta, estos predios cambiaron de manos bajo tratos oscuros y prestanombres. Asegura que está trabajando en reformar la Ley de Extinción de Dominio para agilizar la recuperación de bienes con vínculos ilícitos. El Financiero
Pero esa acusación oficial llega justo cuando Morena expropia propiedades de opositores. El discurso de combate a la corrupción suena hueco cuando la acción política recae sobre quienes no son del mismo bando político. Es doble moral en su máxima expresión: expropiar con justificaciones de ilegalidad mientras se preservan privilegios de aliados.
Este episodio desnuda que las expropiaciones no son solo medidas de “utilidad pública”; son armas políticas, discursos estratégicos para redibujar el mapa del poder con base en acusaciones públicas, no necesariamente en sentencias firmes.
