Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, subió al estrado del Senado y lanzó una máxima retórica: “El gobierno no pacta con mafiosos ni criminales”. Aseguró que si alguien “cruza la línea de la ley”, enfrentará consecuencias — “sin importar quién sea”.
Pero el problema es brutalmente claro: decir eso cuando Morena ha sido acusado de múltiples pactos encubiertos con redes criminales —huachicol fiscal, protección impune a funcionarios, vínculos con grupos armados— es simplemente mostrar una cara falsa del discurso oficial.
Mientras ella recita “cero impunidad y cero corrupción”, en los hechos ocurren escándalos: empresarios que facturan millones a gobiernos, funcionarios detenidos por nexos criminales, elecciones judiciales manipuladas, empresarios fantasma en el círculo de poder… Y todo eso con discursos como el de Rosa Icela para lavar la imagen del poder.
Si de verdad no pactan con mafiosos, ¿Cómo explicar los contratos sospechosos, los silencios cómplices y los blindajes judiciales cuando los señalados son del partido guinda? Esta declaración suena a marketing político al servicio del encubrimiento.
