En el sur de Chiapas, la desesperación llegó a un límite histórico: habitantes de Frontera Comalapa están pidiendo refugio en Guatemala para escapar de la violencia que devora sus comunidades. No es solo migración, es un éxodo forzado por el terror del crimen organizado y la incapacidad —o complicidad— de los gobiernos morenistas.
De acuerdo con Proceso, las familias han buscado protección internacional tras meses de balaceras, extorsiones, secuestros y asesinatos. Lo más indignante: todo ocurre mientras el gobierno federal presume “coordinación” en seguridad. En la realidad, los cárteles dominan carreteras y comunidades completas, mientras el Estado se convierte en un simple espectador.
Pedir refugio en un país vecino es la prueba más dura del fracaso institucional. Significa que los ciudadanos ya no confían en su propio gobierno para vivir en paz, y prefieren cruzar la frontera antes que seguir bajo el yugo del narco en México.
Los discursos de Morena sobre “pacificación” se derrumban frente a este hecho: la gente huye de su tierra mientras el poder político protege su imagen y no a su pueblo. La violencia no solo expulsa, también desenmascara la farsa de una estrategia de seguridad que nunca funcionó.
