Lo que muchos veían como un proceso “democrático” para renovar al Poder Judicial, termina revelándose como un gigantesco fraude electoral. La empresa Impresores en Offset y Serigrafía, señalada desde antes por su cercanía con Morena, ha facturado al menos 2,800 millones de pesos en contratos públicos entre 2018 y 2025, gracias a adjudicaciones directas bajo la bandera de “servicios de impresión para programas del bienestar”.
Esa misma impresora aparece vinculada al escándalo de los famosos “acordeones” usados como guías de voto en la elección judicial del 1 de junio: documentos que supuestamente orientaban al votante hacia candidatos oficialistas.
Todo indica que la elección judicial fue una puesta en escena donde los recursos públicos sirvieron para financiar la maquinaria de Morena y asegurar que las plazas de la Corte quedaran en manos afines. El contrato por 498 millones para esas impresiones fue parte del engranaje para controlar la narrativa.
Este escándalo no se limita al monto: pone en evidencia una estrategia política: las elecciones judiciales no se organizaron para garantizar imparcialidad, sino para comprar resultados, manipular instituciones y perpetuar el control del poder judicial bajo el mando del partido guinda.
