Una investigación revelada por N+ Focus y difundida por El Financiero desenmascara una red millonaria que pagó 79 millones de pesos a Adán Augusto López Hernández entre 2023 y 2024, mediante empresas fantasma y contratistas de Tabasco que habrían sido beneficiadas durante su gestión como gobernador.
El modus operandi es claro: pagos por supuestos “servicios profesionales” de compañías que carecen de operaciones reales —al menos en los registros— y que tienen vínculos funcionales con su círculo cercano.
Entre esas empresas destacan GH Servicios Empresariales, señalada por el SAT como empresa fantasma, y Operadora Turística Rabatte, que fue contratista durante su mandato estatal.
Lo grave es que esos ingresos no aparecen debidamente declarados en sus declaraciones patrimoniales. La discrepancia entre lo que ingresó y lo que reportó al SAT sugiere ocultamiento masivo de ingresos.
Adán Augusto salió a admitir estas transferencias, asegurando que “todos mis ingresos están declarados” y que él nunca ha escondido recursos. Pero su explicación no basta cuando los documentos muestran una diferencia gigantesca entre lo recibido y lo declarado.
Este escándalo no llega en mejor momento: aparece junto al caso de Hernán Bermúdez Requena y otros funcionarios detenidos por huachicol fiscal y nexos con el crimen. ¿Cómo separar política de crimen cuando los pagos pútridos llegan directo al corazón del poder morenista?
Lo más duro: este episodio revela que los discursos de “gobierno transparente” y “cero corrupción” son fachada. Cuando los contratos oscuros, las empresas fantasma y los pagos off-book son parte del ecosistema político, negar complicidad se convierte en la última mentira oficial.
