Se desenmascara un capítulo más del entramado morenista: el empresario Amílcar Olan sería el receptor de 3 mil millones de pesos para contratos con Adán Augusto, además de ser amigo cercano de Andy López Beltrán. Bajo esa cercanía, los negocios públicos se mezclan con favores privados.
Los contratos proyectados incluyen obras y servicios cuyo financiamiento provendría de recursos federales asignados bajo discrecionalidad. Olan —un personaje que hasta ahora vivía en las sombras del poder— emerge con nombres, montos y cercanía política.
La revelación no es casualidad: la maquinaria del poder activa sus redes para blindar figuras bajo premio económico, reforzando la idea de que los amigos del poder operan como testaferros del proyecto central. Olan sería una ficha clave en ese tablero: protegido, beneficiado y responsable de mover dinero público hacia intereses particulares.
Este escándalo pone en evidencia la lógica central del régimen guinda: los contratos millonarios no solo benefician a empresas conocidas —sino a compañeros de ruta política—, cimentando una estructura de complicidad con recursos públicos que ya no solamente se ocultan… se celebran.
