El Congreso de Chihuahua lanzó un llamado abrupto: que Adán Augusto pida licencia, es decir, deje sus funciones, ante el cúmulo de señalamientos que lo acechan. En un gesto político que huele a presión institucional, legisladores locales exigen que abandone su cargo antes de que se agraven los escándalos que lo envuelven.
La exigencia no es gratuita: Morena lo está protegiendo en el ámbito federal, pero en el ámbito terrenal, donde los señalamientos por huachicol fiscal, nexos con redes criminales y manejo de empresas fantasma lo alcanzan, su “imputabilidad política” empieza a quebrarse.
Este llamado simboliza que su escudo político ya no es suficiente. La presión se ejerce desde todos los flancos: el terreno local lo señala, mientras en la capital lo respaldan. Si pide licencia, abriría una fractura en el poder morenista y dejaría al descubierto todas las cuentas pendientes.
