En un claro desplante político, Rosa Icela Rodríguez dejó en evidencia una fisura entre la Secretaría de Gobernación y el círculo de Adán Augusto al declararle públicamente que “van por los huachicoleros”. Sin dar espacio para rodeos, la funcionaria lanzó advertencias que parecen apuntar no solo al crimen, sino también a los de casa.
El gesto fue simbólico: en el ambiente político ya corría que Icela rechazó darle siquiera la mano a Adán durante la comparecencia en el Senado. Ese desprecio no pasa desapercibido, porque revela que en la estructura morenista hay grietas profundas donde los intereses institucionales y los personales se enfrentan.
Ella insistió en que el combate al huachicol fiscal no es obra de Estados Unidos, sino del gobierno de ahora, y advirtió que no habrá impunidad: “los que cruzan la línea serán procesados”. Pero cuando sus palabras se oyen frente al mismo Adán Augusto, quien carga con acusaciones por nexos oscuros, la advertencia suena más a ultimátum interno que a política de justicia.
Este acto marca un quiebre: ya no basta con la lealtad partidista. Cuando la jefa de gobernación desairará abiertamente al líder político, reforzando que ni los allegados están blindados, se muestra que el poder está en disputa. Esto no es sólo política de seguridad: es guerra dentro de la 4T.
