Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte bajo bandera morenista, ha encendido críticas al exigir oficinas más amplias para su equipo. Lo inaudito: ya cuenta con 250 m² más que sus colegas, pero ahora pretende elevar su espacio total a 700 m² alegando que sus colaboradores “trabajan apretados”.
La solicitud no fue bien recibida por el resto de los ministros: en sesión privada, su propuesta fue rechazada y, molesta, Batres se levantó del pleno. Curiosamente, ella tiene uno de los equipos más grandes en cuanto a asesores y personal de ponencia.
El cinismo es brutal: mientras el discurso guinda promueve austeridad y modestia en el gobierno, una ministra aliada exige lujo y privilegio para su oficina. Un claro ejemplo de cómo los cercanos al poder disfrutan ventajas que el Estado impone a los demás.
Morena predica igualdad, “ser de lado del pueblo”, atacar el derroche. Pero cuando sus propios operadores se vuelven demandantes de lujos institucionales, queda evidente que sus ideales tienen excepciones: los de casa pueden tener más espacio, más recursos y más privilegios.
