¿CONTRATOS A MODO? ARIADNA MONTIEL, BAJO LA LUPA POR MILLONES ENTREGADOS A UNA MICROEMPRESA
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara que, durante su gestión al frente de la Secretaría del Bienestar, una empresa registrada como microempresa recibió contratos por 190.5 millones de pesos.
Se trata de Grupo Maferefun, una compañía constituida en 2019 con un capital social de apenas 50 mil pesos y cuya ubicación comercial publicada fue rastreada por investigadores hasta un establecimiento de frutas y verduras en la Central de Abastos de la Ciudad de México.
De acuerdo con MCCI, entre enero de 2022 y abril de 2026, periodo en el que Montiel encabezó la dependencia, la empresa obtuvo 13 contratos adicionales por 190.5 millones de pesos. Los servicios incluyeron alimentos para eventos de programas sociales, abarrotes, sillas y carpas, entre otros conceptos.
La pregunta es inevitable: ¿cómo una empresa que se mantiene registrada como microempresa termina recibiendo contratos por cantidades millonarias del Gobierno federal?
La investigación de MCCI también documentó que, después de que Montiel dejó la Secretaría del Bienestar y asumió la dirigencia nacional de Morena, Grupo Maferefun se convirtió en proveedor del partido. En junio de 2026, Morena le pagó aproximadamente 11.4 millones de pesos por servicios relacionados con el registro de aspirantes a las coordinaciones estatales del partido.
Esta continuidad comercial, primero con la dependencia federal y después con Morena, plantea interrogantes que merecen respuestas claras. Aunque los contratos no demuestran por sí solos la existencia de tráfico de influencias o un conflicto de interés, sí justifican examinar los procedimientos de contratación y determinar si hubo algún trato privilegiado.
Pero este no es el primer señalamiento que enfrenta Montiel.
En agosto de 2023, la entonces diputada morenista Inés Parra Juárez presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción por un presunto quebranto de aproximadamente 6 mil 68 millones de pesos relacionado con programas sociales de la Secretaría del Bienestar.
La legisladora sustentó sus señalamientos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a las cuentas públicas de 2018 a 2021. Entre las presuntas irregularidades mencionadas estaban pagos indebidos, falta de documentación sobre la entrega de apoyos y deficiencias en los registros de beneficiarios.
Así, los nuevos cuestionamientos sobre Grupo Maferefun se suman a una controversia anterior sobre el manejo de recursos destinados a programas sociales.
Y aquí surge otra contradicción política: Morena ha hecho de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas. Por eso, cuando los señalamientos alcanzan a quien hoy encabeza la dirigencia nacional del partido, la exigencia de transparencia debería ser todavía mayor.
No basta con defender las contrataciones ni con asegurar que todo se hizo conforme a la ley. Es necesario que se conozcan los expedientes, los criterios de adjudicación, la capacidad real de la empresa y los mecanismos de supervisión utilizados para garantizar que cada peso público se ejerciera correctamente.
Si las operaciones fueron legales, una revisión transparente debería permitir demostrarlo. Si hubo irregularidades, las autoridades deben deslindar responsabilidades sin importar el partido o el cargo de los involucrados.
Porque los recursos de los programas sociales no pertenecen a los funcionarios ni a los partidos: pertenecen a los mexicanos.
