¿CASUALIDAD ELECTORAL O SOSPECHAS DE UN PACTO? MORENA CONQUISTÓ MUNICIPIOS DE LA SIERRA DE CHIHUAHUA
La presunta reunión entre Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, abrió una interrogante que merece ser investigada: ¿existió algún tipo de acuerdo entre operadores políticos y grupos criminales antes de las elecciones de 2024 en Chihuahua?
De acuerdo con lo publicado por el periodista Héctor de Mauleón en El Universal, el supuesto encuentro habría ocurrido a principios de 2024 en Guadalupe y Calvo. La versión señala que se habría negociado el respaldo de grupos criminales a candidaturas de Morena a cambio de permitirles mantener el control de determinados territorios. Sin embargo, hasta el momento, esa presunta negociación no ha sido acreditada públicamente.
Pero hay otro elemento que llama la atención: el mapa electoral de Chihuahua después de los comicios de junio de 2024.
Morena obtuvo triunfos en ocho municipios serranos que destacan por su ubicación y por los problemas de inseguridad que enfrenta la región: Guadalupe y Calvo, Morelos, Madera, Chínipas, Urique, Moris, Temósachic y Matachí. Varios de ellos se encuentran cerca de los límites con Sinaloa y Sonora, en una zona donde se ha documentado mayor presencia y control de los grupos criminales.
La coincidencia geográfica y electoral despierta cuestionamientos, especialmente cuando se observa la crisis de violencia que padecen estas comunidades. Guadalupe y Calvo, Moris y otros municipios de la Sierra Tarahumara han registrado desplazamientos forzados de familias que abandonan sus hogares ante las amenazas y los enfrentamientos armados. En febrero de 2026, un reporte periodístico contabilizó 11 mil 534 personas desplazadas en Chihuahua durante una década, con una afectación particularmente grave en la región serrana.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿cómo se explica que Morena haya ganado terreno electoral en una región donde el crimen organizado mantiene una presencia importante y donde miles de personas han tenido que abandonar sus comunidades por la violencia?
Por sí solos, los triunfos electorales y la presencia criminal no demuestran que haya existido un pacto. Tampoco permiten afirmar que un partido haya entregado territorios a cambio de votos. Sin embargo, ante los señalamientos publicados, resulta legítimo exigir que las autoridades competentes investiguen la veracidad de la información y esclarezcan si existieron presiones, acuerdos ilegales o intervención criminal en las elecciones de 2024.
Porque si se llegara a comprobar que actores políticos negociaron con grupos delictivos para obtener ventajas electorales, estaríamos frente a un asunto de enorme gravedad para la democracia y la seguridad de Chihuahua.
Y mientras estas interrogantes siguen sin una respuesta definitiva, las familias de la Sierra continúan enfrentando las consecuencias de la violencia: comunidades abandonadas, hogares perdidos y habitantes obligados a dejar atrás sus tierras para salvar sus vidas.
La cuestión no es solamente quién ganó las elecciones en la Sierra de Chihuahua, sino si todos esos triunfos se obtuvieron en condiciones de libertad y sin la intervención del crimen organizado. Eso es lo que las autoridades deben esclarecer.
