El escándalo político que sacude a México acaba de escalar a un nivel explosivo. Autoridades de Estados Unidos ya habrían solicitado formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa.
La acusación ha generado un terremoto político nacional, pues Rocha Moya no sería el único implicado. Funcionarios, mandos de seguridad y perfiles cercanos al poder en Sinaloa también aparecen en la mira de fiscales estadounidenses, quienes aseguran que existió una red de protección institucional al crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones reveladas en Estados Unidos, los acusados habrían facilitado operaciones del narcotráfico, filtrado información sensible y permitido actividades criminales a cambio de sobornos millonarios. Incluso se habla de presuntos vínculos directos con facciones del Cártel de Sinaloa ligadas a “Los Chapitos”.
El caso ya encendió las alarmas en Morena y en Palacio Nacional, especialmente porque en días recientes también surgieron reportes sobre cancelaciones de visas y una posible “lista negra” de políticos mexicanos bajo investigación por parte de Washington.
Mientras el gobierno mexicano exige pruebas contundentes y denuncia posibles violaciones a la soberanía nacional, la presión internacional crece cada hora y amenaza con convertirse en una de las crisis diplomáticas y políticas más graves de los últimos años.
